Una jueza del tribunal del Distrito Sur de Nueva York sentenció a 175 meses de prisión a Juan Pablo Lozano, alias “El Camarón”, tras ser identificado por las autoridades estadounidenses como proveedor de armas para la organización delictiva del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con los registros judiciales publicados este jueves, el imputado se declaró culpable de dos cargos federales, lo que derivó en la desestimación del resto de las acusaciones a solicitud del gobierno de Estados Unidos.
La resolución emitida por la jueza Katherine Polk Failla determina que la condena equivale a más de 14 años de cárcel, ordenando además que se compute a su favor el periodo que ha permanecido bajo custodia desde su detención formal en Texas el 19 de septiembre de 2022. La sentencia judicial mandata de igual forma el ingreso del procesado a un programa especializado para el tratamiento del abuso de sustancias.
Vínculos con la facción de Los Chapitos
Las indagatorias ministeriales del Departamento de Justicia de Estados Unidos ubican a Juan Pablo Lozano dentro de la misma acusación formal dirigida en contra de la facción de “Los Chapitos”, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
En este mismo expediente penal se encuentran integrados 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre los que figuran el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; el senador, Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez.
Modus operandi y contrabando
El Departamento de Estado de Estados Unidos acreditó que “El Camarón” operaba como un enlace logístico encargado de trasladar armamento oculto desde territorio estadounidense hacia México. El arsenal traficado hacia el Cártel de Sinaloa consistía en ametralladoras, granadas y armas de grueso calibre, mientras que las armas de fuego cortas eran enviadas específicamente hacia centros penitenciarios ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Adicionalmente, los informes oficiales señalan la participación de Lozano en actividades de narcotráfico. La investigación establece que el sentenciado mantenía contacto con un funcionario presuntamente vinculado a la organización delictiva, lo que facilitaba sus cruces fronterizos para el contrabando de fentanilo mediante el uso de personas utilizadas como transportistas de droga.
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