El Gobierno de México dio a conocer este martes los avances en la implementación de la Ley General en Materia de Búsqueda de Personas, que incorpora 570 propuestas realizadas por más de 450 colectivos de familias buscadoras de víctimas de desaparición forzada.
Durante una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación (Segob), la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que dichas propuestas fueron analizadas en 90 mesas de diálogo en todo el país.
“Somos sensibles a la preocupación que se nos ha manifestado respecto al tema de seguridad en algunas entidades del país”, señaló Rodríguez, al tiempo que destacó el trabajo coordinado con autoridades locales para mejorar la prevención, reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta institucional.
Diez acciones prioritarias para fortalecer la ley
La funcionaria detalló diez objetivos principales que surgen de las demandas de los colectivos y que serán prioridad en la aplicación de la ley:
- Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, programada para el 15 de octubre de 2025.
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), incluyendo planes de seguridad y protección para familias.
- Implementación de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
- Uso de datos biométricos e imágenes satelitales en procesos de localización.
- Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas y del Banco Nacional de Datos Forenses.
- Creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Atención al rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.
- Atención integral a hijas e hijos de personas desaparecidas.
- Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, con participación interinstitucional.
- Armonización de leyes locales con la Ley General de Búsqueda.
Participación de colectivos y diferencias
En el evento participaron algunas representantes de los colectivos de búsqueda, aunque no todos los grupos estuvieron de acuerdo con la estructura de la ley que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pese a las diferencias, la Segob subrayó que las políticas públicas y modificaciones legislativas continuarán siendo construidas con las familias de personas desaparecidas, en busca de respuestas efectivas y mayor coordinación institucional.
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