La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo de permitir el ingreso de personas acompañadas por animales de apoyo socioemocional o asistencia psicológica a todo tipo de establecimiento, tanto público como privado.
El dictamen, aprobado con 18 votos a favor, propone adicionar una fracción XXXVI al artículo 9 de dicha ley. La iniciativa fue presentada por el diputado Armando Corona Arvizu (Morena) y busca reconocer como acto de discriminación negar el acceso, la permanencia o el servicio a personas que requieran este tipo de acompañamiento por recomendación médica.
Reforma con sustento jurídico y constitucional
Durante la sesión, se explicó que la reforma busca garantizar los derechos de personas con condiciones psicoemocionales que, conforme a dictámenes clínicos, requieren de animales de compañía para el desarrollo de su vida cotidiana. Según el asesor Silvestre Arizmendi, la reforma es “constitucionalmente válida y jurídicamente obligatoria”.
“La comisión considera que esta reforma refuerza los parámetros del derecho ciudadano, en el marco de los principios de igualdad y no discriminación”, detalló Arizmendi. Añadió que esta disposición coloca a México en sintonía con otros países que han adoptado medidas similares.
Proceso y consenso legislativo
La presidenta de la Comisión, diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, señaló que se tomaron en cuenta las opiniones de todas y todos los integrantes durante el análisis, y que dichas aportaciones fueron integradas en el dictamen final. El documento será remitido al Pleno de la Cámara para su discusión y eventual aprobación.
El texto subraya que el derecho a contar con un animal de apoyo, cuando esté justificado médicamente, no puede estar sujeto a restricciones arbitrarias, por lo que debe asegurarse su protección mediante ley. La medida, además, reconoce la dimensión humana y social del acompañamiento animal para personas con necesidades específicas de salud mental o emocional.
De ser aprobado por el Pleno, el dictamen implicará que cualquier negativa de acceso o servicio en establecimientos que no respeten este derecho pueda ser sancionada como acto de discriminación, en línea con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
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