La diputada federal Gabriela Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó su respaldo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de homologar su tipificación y penas a nivel nacional.
De acuerdo con la legisladora, esta propuesta es un paso necesario para enfrentar un delito que ha dejado de ser esporádico y se ha convertido en una práctica sistemática con impacto en familias, negocios, comunidades y en la economía nacional.
“La extorsión representa una amenaza directa al Estado de derecho. Esta ley es una herramienta indispensable para proteger a quienes más lo necesitan”, afirmó.
La extorsión como delito de alto impacto
Jiménez recordó que la iniciativa está alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, la cual clasifica la extorsión como un delito de alto impacto por sus consecuencias físicas, psicológicas, patrimoniales y sociales.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2023 se abrieron más de 10 mil carpetas de investigación por este delito. Sin embargo, se estima que por cada denuncia existen al menos siete casos más no reportados, debido al temor de represalias.
Entre las entidades con mayor incidencia se encuentran el Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, y los sectores más afectados incluyen a comerciantes, transportistas, empresarios locales y prestadores de servicios.
La legisladora advirtió que, según estimaciones, el crimen organizado obtiene más de 12 mil millones de pesos anuales a través de la extorsión.
Avance legislativo previsto para septiembre
Jiménez informó que la iniciativa será prioritaria en la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que el dictamen correspondiente se presente ante el Pleno en septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.
Reafirmó su compromiso con la ciudadanía y con el fortalecimiento institucional para enfrentar esta problemática.
“No permitiremos que la extorsión siga avanzando”, concluyó.
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