El gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa fue una decisión de «carácter personal» y confirmó que la investigación en su contra por parte de las autoridades federales se mantiene abierta.
El mandatario estatal había solicitado una licencia temporal el 1 de mayo de 2026, luego de que autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaran una indagatoria en su contra por delitos de narcotráfico y solicitaran formalmente al gobierno mexicano su detención urgente con fines de extradición.
Estatus de la investigación y solicitud a EE. UU.
A través de un comunicado oficial, la Segob precisó que las indagatorias sobre el gobernador y su entorno no se han cerrado:
«En su momento, la Fiscalía General de la República informó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa».
Asimismo, el Ejecutivo federal detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) continúa solicitando al gobierno estadounidense la entrega de los elementos de prueba recabados en contra del funcionario.
Por su parte, Rocha Moya aseveró al anunciar su reincorporación que, tras 112 días de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos probatorios que sustenten las imputaciones formuladas en territorio estadounidense.
Acusaciones en Nueva York y detención clave
Rocha Moya forma parte de un grupo de 10 personas requeridas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre las que figuran el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. El expediente de los Estados Unidos incluye cargos por conspiración para importar narcóticos, narcotráfico, corrupción y posesión de armas de fuego.
El regreso del gobernador a sus funciones coincide con la captura de Fausto Corrales, a quien la FGR señala de probable intervención en delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones en el marco del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y del traslado a Estados Unidos de Ismael «El Mayo» Zambada.
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