La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que propone reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política, con el objetivo de facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión.
La propuesta fue recibida el pasado 10 de julio, según informó la Mesa Directiva, en cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y conforme a lo dispuesto en los reglamentos del Congreso y del Senado. El documento fue remitido por la Secretaría de Gobernación e incluye un diagnóstico sobre la alta incidencia del delito de extorsión y la disparidad en su tratamiento legal en las distintas entidades federativas.
De acuerdo con la iniciativa, el Congreso de la Unión requiere atribuciones constitucionales para emitir una legislación general que homologue el tipo penal y las penas por extorsión en todo el país. Esta propuesta forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y responde a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que identifica este delito como una amenaza creciente para la ciudadanía y las instituciones.
Aumentan casos y disparidad legal
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11,039, 10,950 y 10,804 víctimas de extorsión, respectivamente. En enero de 2025, la tasa diaria fue de 29.77 casos, lo que representa un incremento del 57.62% respecto a los 18.89 casos diarios en 2018.
Además, cuatro entidades concentran el 61.8% de las víctimas en 2024 y enero de 2025: Estado de México (33.1%), Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. La iniciativa destaca que una de las principales barreras para el combate efectivo del delito es la falta de armonización en las penas previstas por los códigos penales estatales.
Por ejemplo, mientras que el Código Penal Federal establece penas de 2 a 8 años, en Oaxaca la penalidad es de 1 a 3 años, y en Chihuahua puede llegar hasta 30 años, lo que evidencia una disparidad significativa. En promedio, los códigos locales prevén penas mínimas de 4 años y 6 meses y máximas de 12 años.
Hacia una política criminal unificada
La propuesta del Ejecutivo señala que esta heterogeneidad normativa ha impedido establecer una política criminal nacional coherente respecto a la extorsión, lo que limita la capacidad de los tres niveles de gobierno para prevenir y sancionar este delito. El documento enfatiza que es necesario definir atribuciones comunes y establecer mecanismos de coordinación e inteligencia entre las instituciones de seguridad pública.
Entre los objetivos de la futura legislación general estarían: generar políticas públicas de prevención, fortalecer la colaboración interinstitucional con tecnologías e inteligencia digital y establecer lineamientos claros de investigación y sanción del delito de extorsión a nivel nacional.
La iniciativa será discutida por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que deberá analizar su viabilidad constitucional y su impacto en el diseño del sistema penal mexicano.
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