Los recursos públicos destinados a promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en México resultan insuficientes y están mal focalizados, de acuerdo con el diagnóstico presentado por la Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF), conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil y personas expertas independientes.
El análisis se centró en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que agrupa las erogaciones etiquetadas para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Para 2025, este anexo contempla 479,248.4 millones de pesos, sin embargo, más del 52% de estos recursos se destinan a programas sin enfoque de género, como la pensión para personas adultas mayores, que obtuvo apenas 23% en el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS).
La evaluación revela que solo uno de cada cuatro programas ha sido analizado con perspectiva de género y menos del 30% ofrece apoyos diferenciados para mujeres. Además, solo el 21.1% de los programas incluye objetivos explícitos para reducir brechas de género y el 12.2% cuenta con indicadores estratégicos en la materia. En contraste, los programas con mejores calificaciones en el ISAIS reciben menores asignaciones presupuestarias.
El estudio también identificó deficiencias en la transparencia y rendición de cuentas: únicamente el 31.5% de los programas publica información desagregada por sexo y apenas el 22.1% ha sido auditado con enfoque de género en los últimos cinco años. Además, menos de la mitad de los programas ejecuta al menos el 50% de su presupuesto durante el primer semestre del año fiscal.
Frente a este panorama, la RPFF planteó una serie de recomendaciones para fortalecer el diseño y aplicación del Anexo 13, entre ellas: transversalizar la igualdad de género en todo el presupuesto público, reformular reglas de operación, incorporar una perspectiva interseccional y territorial, y garantizar auditorías sistemáticas con enfoque de género.
Asimismo, el diagnóstico subraya que no existen programas presupuestarios en el Anexo 13 que reconozcan la economía del cuidado, lo que limita su capacidad transformadora. Según la Red, una política fiscal feminista debe priorizar la redistribución de las cargas del cuidado y asegurar que el ciclo presupuestario incorpore la igualdad de género como principio rector.
El informe fue elaborado por organizaciones como Fundar, Oxfam México, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Intersecta y otras, y será utilizado para incidir en el Paquete Económico 2026, con el objetivo de que el presupuesto se convierta en una herramienta efectiva para garantizar los derechos económicos y sociales de las mujeres en toda su diversidad.
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