La reforma judicial aprobada en 2024, que entre otras disposiciones permite la elección de jueces por voto popular, representó el punto culminante de una estrategia que, desde el Ejecutivo y el Legislativo, buscó debilitar la autonomía del Poder Judicial, según el informe La Independencia Judicial en Jaque. Ataques al Poder Judicial en México 2018–2024, publicado por la Fundación para la Justicia.
Reformas e intervenciones desde 2018
El documento, elaborado por la investigadora Azul A. Aguiar Aguilar, sostiene que los ataques al Poder Judicial fueron una reacción al rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación (PJF) a reformas clave impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el texto se documenta que entre enero de 2019 y septiembre de 2024, se registraron 135 iniciativas de reforma constitucional y legal que buscaban modificar la estructura del Poder Judicial. De esas iniciativas, el 52% estaban enfocadas en intervenir en la independencia judicial, a través de propuestas para alterar su diseño institucional y autonomía.
Críticas sistemáticas desde los poderes
El informe también revela que en el 30% de las conferencias de prensa del expresidente López Obrador hubo críticas al Poder Judicial, mientras que en el Congreso la Cámara de Diputados lo hizo en el 24% de sus sesiones y el Senado en el 22%.
“Se identificaron ataques retóricos e institucionales que deslegitimaron al Poder Judicial, con el objetivo de controlarlo”, señala el documento.
El primer capítulo del informe explica que desde la reforma de 1994, el Poder Judicial había funcionado como un contrapeso real frente a los otros poderes. Sin embargo, los episodios recientes habrían revertido ese papel.
Reforma de 2024 y nuevo tribunal disciplinario
En el cuarto capítulo se analiza el contenido e impacto de la reforma judicial de 2024, que fue impulsada por López Obrador y contó con el respaldo de la entonces virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Entre sus principales disposiciones, la reforma:
- Reduce de once a nueve el número de ministros de la Suprema Corte.
- Crea un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar el actuar de jueces y magistrados, sin controles externos claros.
El informe advierte que este nuevo tribunal representa un modelo de rendición de cuentas sin contrapesos, que pone en riesgo el equilibrio de poderes.
Conclusión del informe
La Fundación para la Justicia concluye que la reforma no resuelve los problemas de acceso a la justicia para la población, especialmente para los sectores más vulnerables.
“Por el contrario, profundizará las brechas, generará un sistema opaco, poco eficiente y clientelar”, advierte el informe.
El texto afirma que los cambios legales “sepultaron los cimientos construidos desde 1994”, lo que, según el análisis, pone en jaque la independencia judicial en México.
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