El gobierno de Estados Unidos sancionó por primera vez al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, en las que miles de ciudadanos salieron a las calles a exigir cambios políticos y sociales. Las manifestaciones terminaron con más de mil 400 detenidos, según datos del Departamento de Estado.
Prohibición de entrada y restricciones económicas
Las sanciones fueron anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien informó que Díaz-Canel y otros altos mandos del régimen fueron designados bajo la Sección 7031(c), que castiga a funcionarios involucrados en graves violaciones a derechos humanos.
“Hace cuatro años, miles de cubanos pacíficamente salieron a las calles para demandar un futuro libre de la tiranía. El régimen respondió con violencia y represión, injustamente deteniendo a miles, incluyendo más de 700 que permanecen encarcelados y sujetos a tortura o abuso”, afirmó Rubio en un comunicado oficial.
La sanción incluye la prohibición de ingreso a EE.UU. tanto para Díaz-Canel como para el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, además de sus familiares directos.
Medidas adicionales
La administración estadounidense también impuso nuevas restricciones de visado a jueces y funcionarios penitenciarios cubanos, a quienes acusa de participar en detenciones y abusos cometidos contra manifestantes.
Asimismo, se añadieron 11 hoteles a la lista de propiedades restringidas, incluyendo el recién inaugurado hotel Torre K de 42 pisos. Estos inmuebles están vinculados al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
El gobierno de Donald Trump justificó las acciones como parte de un memorando firmado el pasado 30 de junio, cuyo objetivo es impedir que fondos estadounidenses beneficien al aparato militar cubano. También reiteró la prohibición legal del turismo estadounidense a la isla y cualquier transacción con empresas controladas por los militares.
Estas medidas se enmarcan en un nuevo ciclo de presión económica y diplomática sobre el régimen cubano, en momentos en que el país enfrenta una crisis económica agravada por la pandemia, el desabasto de medicinas y alimentos, y un creciente descontento social.
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