El movimiento telúrico, con epicentro en el mar Caribe a unos 100 kilómetros de la provincia de Pinar del Río, se percibió en La Habana y en los estados mexicanos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
El mandatario ruso reveló la existencia de comunicaciones bilaterales con Washington sobre una posible intervención en la isla caribeña, mientras su cancillería ratificó el apoyo político y energético a La Habana ante las sanciones de Estados Unidos.
La administración de Donald Trump congeló los activos de Miguel Díaz-Canel, su esposa y su hijastro, además de imponer un veto comercial al Ministerio de las Fuerzas Armadas, en un incremento de las tensiones políticas entre ambos países.
La suspensión de ambas tarjetas de crédito internacionales, efectiva desde el 6 de junio, cortará los flujos financieros de la isla con el exterior tras la cancelación de operaciones de un banco extranjero para evitar sanciones de Washington.
El procesamiento de 20 mil toneladas en Santiago de Cuba generó nafta solvente, fuel-oil y diésel para mitigar la paralización de motores eléctricos, en un contexto donde la producción interna cubre solo 40 mil de los 100 mil barriles diarios requeridos.
La Cancillería de Cuba señaló la falta de avances sustanciales en las conversaciones con Estados Unidos debido a la persistencia de sanciones económicas y bloqueos energéticos, aunque ratificó su disposición a mantener la vía diplomática.
El canciller Bruno Rodríguez formalizó ante António Guterres la petición de intervenir contra las advertencias de uso de la fuerza por parte de EUA, en medio de un desabasto energético agudizado por sanciones y factores regionales.
La mandataria mexicana vinculó el proceso legal contra el exlíder cubano con una práctica de intervención de Washington en Latinoamérica, al tiempo que ratificó al secretario Markwayne Mullin la prohibición de operativos tácticos binacionales.
El secretario de Estado evitó revelar las tácticas para arrestar al exmandatario de Cuba tras ser procesado por el derribo de aeronaves en 1996, un caso que La Habana califica como un argumento para una agresión militar.
El expediente judicial de la fiscalía de Florida involucra al expresidente cubano y a otros cinco colaboradores por ordenar el ataque militar contra dos naves de asistencia humanitaria en aguas internacionales en 1996.