El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reafirmó el compromiso de su administración con la cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, al tiempo que destacó que su gobierno actúa con vocación de servicio, ética y bajo el principio de “Amor a Puebla”.
Durante un informe presentado en la capital poblana, el mandatario estatal subrayó que la lucha contra la corrupción se basa en una estrategia de formación y vigilancia permanente. «Como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción se barre de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y se combate todos los días», declaró.
En ese contexto, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, informó que en los primeros 205 días de gestión se han impuesto 49 sanciones administrativas, entre ellas 2 destituciones, 28 inhabilitaciones (cinco por faltas graves y 23 por faltas no graves), una amonestación pública, 14 privadas y cuatro suspensiones.
Digitalización para combatir malas prácticas
Armenta anunció que, con la apertura de nuevas oficinas de la Secretaría de Finanzas, se implementará un sistema de control de procesos que incluirá la digitalización de trámites en el Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía servicios más eficientes y transparentes.
Según el gobernador, esta modernización busca evitar el contacto innecesario con funcionarios públicos, reducir actos discrecionales y eliminar prácticas como los pagos extraoficiales para agilizar trámites. “Las y los poblanos no tendrán que tocar la puerta de un funcionario que no entiende lo que es el humanismo ni la bioética social”, puntualizó.
Por su parte, Espidio Reyes señaló que los casos con posibles implicaciones penales son remitidos de forma inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como parte de un proceso coordinado con instancias judiciales.
Adicionalmente, en lo que va del año se han integrado 471 expedientes de investigación en los 22 Órganos Internos de Control, relacionados con omisiones procedimentales, incumplimientos de plazos y presuntos actos de corrupción. Las investigaciones derivan de mecanismos activos de vigilancia, capacitación y acompañamiento institucional.
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