La diputada federal María Teresa Ealy Díaz, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación en todo el país.
La propuesta plantea modificar el artículo 4º de la Constitución Política para reconocer explícitamente el derecho de toda persona a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción. El objetivo, explicó la legisladora, es eliminar la criminalización del aborto y establecer un marco legal uniforme que garantice el acceso universal, seguro, gratuito y libre de discriminación a los servicios de interrupción del embarazo.
“Negar este derecho perpetúa la subordinación histórica de las mujeres y representa una forma grave de violencia institucional”, afirmó Ealy Díaz.
Desigualdad legal y resoluciones de la SCJN
La diputada argumentó que la actual disparidad legal entre entidades federativas genera inequidad, ya que el acceso a este derecho depende del lugar de residencia. Aunque 18 estados han despenalizado el aborto hasta la semana 12, otros mantienen restricciones que, señaló, contradicen los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y derecho a la salud.
La iniciativa también toma en cuenta criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se mencionó la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, que invalidó disposiciones del Código Penal de Coahuila, así como la resolución de septiembre de 2023, donde la Corte declaró inconstitucionales artículos del Código Penal Federal, obligando a IMSS, ISSSTE y Pemex a brindar el servicio de aborto de forma gratuita.
Sin embargo, la diputada subrayó que aunque estas sentencias son vinculantes, no sustituyen una reforma constitucional que otorgue certeza jurídica plena.
“Elevar a rango constitucional el derecho a decidir elimina ambigüedades, protege frente a regresiones futuras y asegura su aplicación en todo el país”, indicó.
Compromisos internacionales
La propuesta también se fundamenta en tratados internacionales suscritos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará, los cuales obligan al Estado mexicano a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Texto propuesto
El texto que se busca incorporar al artículo 4º de la Constitución señala:
“Toda persona tiene derecho a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción. El Estado garantizará el acceso universal, seguro, gratuito y libre de discriminación a los servicios de interrupción legal del embarazo hasta la semana doce de gestación, conforme a los principios de salud pública y derechos humanos.”
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación en el Congreso.
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