La Fiscalía General de la República (FGR) denunció públicamente al administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con sede en el complejo penitenciario de Puente Grande, por demorar sin justificación legal la programación de audiencias iniciales en casos relacionados con delitos fiscales y financieros. Según la institución, esta situación ha impedido la recuperación de más de 422 millones de pesos correspondientes a impuestos omitidos por contribuyentes señalados por fraude fiscal.
En un comunicado, la FGR señaló que las demoras son “extremas e inusitadas”, y contravienen lo establecido por el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que estas audiencias deben realizarse en un plazo máximo de 15 días desde que el Ministerio Público realiza la solicitud. La Fiscalía calificó las acciones del funcionario judicial como una “flagrante violación” a este artículo y al derecho ciudadano de acceso a la justicia.
Uno de los casos expuestos por la dependencia indica que una audiencia solicitada en febrero de 2025 fue programada para febrero de 2026, con un retraso de 12 meses. Otro ejemplo señaló una omisión de más de 11 meses y medio para señalar fecha, es decir, 350 días desde la solicitud inicial.
La FGR advirtió que estos retrasos provocan un daño irreparable al patrimonio público federal y obstaculizan el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los imputados. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también se sumaron al señalamiento, y anunciaron que actuarán en consecuencia para sancionar las dilaciones.
El artículo 16 del mismo código penal establece que toda persona tiene derecho a una justicia pronta, principio que, según la FGR, ha sido vulnerado por la actuación del órgano judicial en Puente Grande. “Esta conducta administrativa ha afectado directamente la eficacia del combate a la evasión fiscal”, sostuvo la Fiscalía.
Las autoridades no han detallado las acciones legales o administrativas que podrían tomarse contra el administrador señalado, pero indicaron que ya se evalúan medidas correctivas. Hasta el momento, el Poder Judicial de la Federación no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos.
La FGR reiteró que continuará colaborando con las autoridades fiscales para agilizar los procedimientos en curso y evitar nuevas afectaciones al erario público derivadas de prácticas que impidan el acceso oportuno a la justicia penal fiscal.
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