El Gobierno de la Ciudad de México devolvió al cardenal emérito Norberto Rivera Carrera un total de 1 millón 437 mil 73.78 pesos, tras una sentencia de amparo que declaró como desproporcionales los cobros por impuestos y derechos derivados de la compra de dos departamentos en la Torre Mitikah, ubicados al sur de la capital.
La resolución fue notificada este martes por Elizabeth Trejo Galán, jueza Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México. En ella se reconoce que las autoridades capitalinas cumplieron con la sentencia emitida desde mayo de 2024, mediante la cual se ordenó reembolsar al religioso el monto pagado en exceso por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y por derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC).
Norberto Rivera adquirió en marzo de 2024 dos departamentos cuyo valor individual fue de 11 millones 289 mil 831 pesos y 12 millones 8 mil 85 pesos, respectivamente. Por concepto de ISAI, pagó 651 mil 101 pesos por una propiedad y 700 mil 150 por la otra. Además, cubrió 23 mil 61 pesos en derechos de inscripción por cada uno, a pesar de que la tarifa general para ese trámite es de 2 mil 302 pesos.
La sentencia determinó que dichos pagos resultaban desproporcionados y vulneraban los principios de equidad tributaria, motivo por el cual se concedió el amparo al cardenal. El gobierno capitalino había impugnado inicialmente la resolución, pero la impugnación fue resuelta desde diciembre de 2024 y, a partir de enero de 2025, comenzó el proceso para dar cumplimiento a la orden judicial.
La Tesorería de la Ciudad de México efectuó la devolución correspondiente, cerrando así el litigio iniciado por el cardenal emérito en defensa de sus derechos fiscales. La declaratoria oficial del cumplimiento fue emitida este martes, lo que implica que Norberto Rivera aceptó la devolución y dio por concluido el procedimiento.
El caso sienta un precedente en relación con la proporcionalidad de impuestos y derechos por compraventa de inmuebles en la capital. Hasta el momento, no se han anunciado cambios normativos por parte del gobierno capitalino en relación con las tarifas cuestionadas en el juicio.
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