Durante la presentación de una reserva al dictamen en materia de integridad en candidaturas, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández afirmó que el partido oficialista Morena mantiene vínculos y alianzas con el narcotráfico. El legislador sostuvo que la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no soluciona el problema de la intromisión de la delincuencia organizada en la política mexicana.
Críticas a la viabilidad de la iniciativa del INE
Téllez Hernández señaló que la reforma es un instrumento de control reactivo frente a la descomposición interna de Morena. El diputado recordó que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, declaró previamente que la iniciativa no es viable debido a que dicho organismo no cuenta con facultades de ministerio público para investigar perfiles vinculados a la delincuencia organizada.
Asimismo, cuestionó la efectividad de las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia. En su argumentación, apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) actúa de manera omisa al no ejercer sus facultades legales frente a las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Oposición a la creación de la comisión evaluadora
El legislador manifestó su rechazo a la conformación de una propuesta comisión de imparcialidad encargada de evaluar el riesgo razonable de las candidaturas. De acuerdo con su postura, esta instancia carece de garantías y credibilidad, argumentando que operaría bajo criterios de discrecionalidad partidista debido a la presunta cooptación del INE, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Investigación.
Como alternativa parlamentaria, el diputado planteó que el combate a la narcopolítica requiere la implementación de filtros reales operados por la academia, universidades y organizaciones no gubernamentales. Finalmente, exigió la intervención directa del Estado, la investigación a candidatos señalados y la solicitud de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa debido a los problemas de seguridad pública registrados en los últimos dos años.
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