La alcaldía Tlalpan implementará la restricción de venta de bebidas alcohólicas, conocida como ley seca, en cinco colonias de la demarcación durante fechas específicas en las que se desarrollarán partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La disposición administrativa forma parte de las estrategias coordinadas para preservar el orden y garantizar la seguridad pública en el perímetro cercano al Estadio Ciudad de México.
Colonias afectadas y vigencia de la medida
La prohibición en la comercialización de alcohol se aplicará formalmente en las colonias Villa Lázaro Cárdenas, San Lorenzo Huipulco, Isidro Fabela, Toriello Guerra y Vergel del Sur. Según lo establecido en las disposiciones oficiales, la medida estará vigente durante las 24 horas del día en las siguientes fechas del torneo internacional: 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio de 2026.
“Las restricciones se concentran en la alcaldía Tlalpan”, indica textualmente el decreto publicado por las autoridades locales en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Negocios incluidos y excepciones normativas
La suspensión de la venta comprende a establecimientos mercantiles como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, bares, cantinas, pulquerías y centros nocturnos, así como a puestos de carácter temporal ubicados en la vía pública.
Por el contrario, el decreto determina una excepción para aquellos establecimientos de impacto vecinal o zonal que cuenten con licencias vigentes para el expendio de bebidas alcohólicas acompañado de la venta de alimentos preparados, los cuales podrán ejercer su actividad comercial conforme a los horarios de sus respectivos permisos.
Sanciones administrativas por incumplimiento
El marco legal estipula consecuencias jurídicas para los infractores de la normativa. Los giros comerciales que no acaten la restricción serán acreedores a multas económicas, clausuras temporales o definitivas, y el decomiso de los productos. En lo relativo a los ciudadanos que realicen consumo de alcohol en la vía pública, las penalizaciones contemplan multas económicas, arrestos administrativos o la realización de trabajo comunitario bajo las determinaciones del juez cívico.
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