La organización Defensorxs denunció que Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a Juez de Distrito en Materia Mixta para el Estado de Durango, estuvo preso durante casi seis años en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina. Con este caso, suman ya 12 candidatos señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, de acuerdo con dicha organización.
Miguel Alfonso Meza, director de Defensorxs, detalló que Chávez Vargas fue detenido el 13 de noviembre de 2015 por autoridades estadounidenses mientras viajaba en un autobús de pasajeros que cruzaba el puente internacional Lincoln Juárez. Una inspección con rayos X reveló un bulto dentro de un extintor oculto bajo su asiento.
El ahora aspirante fue procesado por conspiración e importación para traficar metanfetamina, así como por posesión de sustancias prohibidas con intención de distribuirlas. Según su declaración ante las autoridades, transportaba el objeto sin conocer su contenido, con destino a Dallas, Texas. Chávez Vargas permaneció en prisión por cinco años y siete meses, hasta su liberación en 2021.
Pese a estos antecedentes, Chávez Vargas fue incluido en la lista de candidatos considerados idóneos por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En su currículum registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), solo menciona experiencia profesional a partir de 2020, específicamente como asesor en el municipio de Nuevo Ideal, Durango.
Entre sus propuestas de campaña, destaca el compromiso de “contribuir a un sistema judicial que inspire confianza y combata la impunidad”. La inclusión de su candidatura ha generado cuestionamientos sobre los filtros aplicados para determinar la idoneidad de los aspirantes a cargos judiciales.
El caso de Chávez Vargas se suma a los de otros 11 aspirantes denunciados el miércoles por Defensorxs, Laboratorio Electoral y Politiklab ante el INE. Las organizaciones señalan a varios candidatos por presuntos vínculos con grupos delictivos o asociaciones religiosas, como la iglesia La Luz del Mundo.
Uno de los casos mencionados es el de Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez en Nuevo León, acusado de haber sido defensor legal de Miguel Ángel Treviño Morales, alias «El Z-40», exlíder del grupo criminal Los Zetas. Las organizaciones exigieron que se revisen los antecedentes de todos los postulantes antes de la votación programada para el 1 de junio.
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