El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, y el economista Mario Di Costanzo advirtieron sobre una deuda no reconocida por Petróleos Mexicanos (Pemex) que podría elevar el pasivo nacional a más de 20.5 billones de pesos hacia 2026, lo que implicaría riesgos para la calificación crediticia del país. En conferencia con medios, señalaron que la deuda con proveedores de la paraestatal podría alcanzar un billón de pesos, el doble de lo reportado oficialmente.
De acuerdo con Di Costanzo, en 2018 Pemex registraba una deuda total cercana a los 2 billones de pesos, mientras que para 2024 esta habría superado los 2 billones, incluyendo pasivos de largo plazo y cuentas por pagar. “Hoy se conoce que dentro de la deuda con proveedores hay una cifra escondida que ascendería al doble de lo que reconoce Pemex”, declaró. Afirmó que esta omisión afectaría directamente los requerimientos financieros del sector público y pondría en riesgo la calificación soberana del país.
Durante el mismo encuentro, Moreira también criticó la falta de medicamentos en el IMSS, que, según cifras publicadas por el diario El Universal, registró 11 millones de recetas no surtidas en 2024. “Esto es solo una parte del sistema de salud. Si el estudio abarcara al ISSSTE y a los sistemas estatales, las cifras serían mayores”, señaló. Añadió que la desaparición del Seguro Popular y fallas en la cadena de suministro han impactado negativamente en el acceso a la atención médica.
Por su parte, Di Costanzo indicó que el gasto de bolsillo en salud en México representa el 48% del total, el doble del promedio de la OCDE, lo que evidencia una deficiencia en la cobertura pública. Además, mencionó que Birmex aún tiene adeudos por mil millones de pesos correspondientes al año 2023, lo que refleja una crisis financiera en el sector.
Sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a reducir las tasas de interés bancarias para apoyar a pequeñas y medianas empresas, Moreira propuso disminuir primero las comisiones bancarias, que consideró elevadas. Di Costanzo coincidió, señalando que la reducción de tasas depende de factores como la tasa de referencia del Banco de México y el fortalecimiento de la banca de desarrollo, actualmente debilitada.
Moreira también se refirió a las amenazas de expropiación por parte del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, como una señal de “desconocimiento de la ley” y advirtió sobre un entorno de inseguridad jurídica. Asimismo, cuestionó la legalidad de la elección de jueces y magistrados, denunciando el uso de recursos públicos por parte de aspirantes, y calificó el proceso como una “farsa”.
Finalmente, el diputado priista confirmó la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para discutir iniciativas sobre desaparición forzada, justicia penal y reformas salariales. Añadió que es necesario un diálogo con la oposición, la sociedad civil y organismos internacionales como la ONU para garantizar una legislación eficaz y con respaldo presupuestal.
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