A cinco meses de la implementación de la primera fase de la reforma judicial en México, diversos casos de alto impacto, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como en juzgados y tribunales federales, han quedado suspendidos o retrasados. La razón principal de este atraso es la renovación de 881 cargos dentro del Poder Judicial, lo que ha afectado la resolución de varios temas pendientes.
Uno de los casos que más destaca es el denominado «viernes negro», relacionado con las reformas aprobadas de manera acelerada por el Congreso el 28 de abril de 2023. Estas reformas, impulsadas por Morena y sus aliados, fueron impugnadas por la oposición por supuestas violaciones al proceso legislativo. Debido a la transición en la Corte, es poco probable que se resuelva este asunto a corto plazo.
Otro tema de gran relevancia que se ve afectado es el de la prisión preventiva, en el que se debía analizar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado mexicano por considerar que esta medida cautelar es inconvencional. Este asunto también se encuentra en pausa debido al proceso de transición en el Poder Judicial.
Por otro lado, el tema de la doble tributación sigue sin resolución. En este caso, las empresas maquiladoras se oponen a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en dos ocasiones por los productos que se reciben en México y que luego son enviados al extranjero para su venta final. Este litigio continúa siendo una de las cuestiones que permanece pendiente.
A partir de abril y mayo, el pleno de la SCJN reducirá sus sesiones a dos días por semana, y en los meses de junio y agosto, solo sesionará una vez por semana. Este ajuste es parte de la transición que se prepara para la llegada de nuevos ministros el 1 de septiembre de 2025.
En el ámbito de los juzgados y tribunales colegiados, varios casos emblemáticos también se han visto retrasados. Entre ellos se encuentran los procesos relacionados con el caso Ayotzinapa, donde se espera sentencia para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También están pendientes los casos de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, y Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, involucrados en los escándalos de la «verdad histórica» y los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, respectivamente.
Adicionalmente, se retrasarán los procesos de otros personajes de alto perfil, como Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de Rosario Robles, acusado de corrupción en el caso de la Estafa Maestra, así como Israel Vallarta Cisneros, acusado de ser líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Estos casos, al igual que otros, se verán retrasados por la situación de transición en el Poder Judicial.
También se mantienen pendientes de resolución varios casos federales, incluidos los amparos promovidos por los ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier Duarte y César Duarte. Otros temas que se atrasarán incluyen los amparos de Andrés Roemer, acusado de violación, y el caso de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Este retraso en la resolución de casos de gran relevancia se debe, en parte, a la suspensión de labores en los juzgados y tribunales federales entre agosto y noviembre de 2024, en protesta por la reforma judicial. La situación está generando un atraso significativo en la justicia, afectando a varios procesos judiciales de alta relevancia para la sociedad mexicana.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.