El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy un incremento significativo en el tope de los gastos de campaña para los candidatos a cargos judiciales en las elecciones del próximo 1 de junio. Esta medida se adoptó en cumplimiento con una resolución vinculante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó un ajuste en los límites establecidos por la reforma judicial.
El tope de gastos para los aspirantes a cargos nacionales, como las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del TEPJF, se elevó a un millón 468 mil pesos. Este incremento es considerable respecto al límite original de 220 mil 336 pesos establecido por la reforma judicial, lo que representa un aumento de más del 600%.
Por otro lado, para los candidatos a las salas regionales del TEPJF, el tope de gastos subió a 881 mil 304 pesos, mientras que para las magistraturas de circuito, el límite se duplicó a 413 mil 111 pesos. La única excepción a este aumento es el caso de los aspirantes a jueces de distrito, quienes deberán ajustarse al límite de 220 mil 336 pesos, tal como lo establece la ley.
La decisión generó fuertes críticas entre los consejeros del INE. El consejero Arturo Castillo expresó su desaprobación, calificando la resolución del TEPJF como incoherente, al señalar que el tribunal interpretó la ley de manera contradictoria. «No tengo idea con qué razón la norma debe ser interpretada de esa manera», afirmó Castillo, refiriéndose al cambio de «no podrá ser superior» a «no podrá ser inferior».
La consejera Dania Ravel calificó la resolución del TEPJF como un «desatino tremendo» y advirtió que esta modificación podría generar inequidad en la contienda, favoreciendo a los candidatos con más recursos. «Se propicia que el dinero sea un factor de ventaja severo y determinante de una candidatura sobre otra», indicó Ravel.
El consejero Uuc-kib Espadas también manifestó su preocupación, asegurando que la sentencia del TEPJF contraviene la ley y crea un precedente peligroso para la fiscalización de las campañas. En su intervención, Espadas sostuvo que el tribunal «no interpretó la ley, la contradijo».
Cabe destacar que, a diferencia de las elecciones comunes, los candidatos a cargos judiciales no podrán utilizar recursos públicos ni privados para financiar sus campañas. Según la reforma constitucional y las reglas aprobadas, los aspirantes solo podrán utilizar su propio dinero, sin la posibilidad de contratar publicidad o encuestas para promocionar su imagen.
La aprobación de estos cambios en los topes de gasto para la campaña judicial marca un punto álgido en el proceso electoral, generando un intenso debate sobre la equidad y la transparencia en las elecciones. Las autoridades del INE deberán ahora trabajar para asegurar que se cumpla con la fiscalización de los recursos de manera efectiva.
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