El Senado de la República aprobó este miércoles la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de simplificación administrativa y digitalización. El objetivo es agilizar trámites, fortalecer la transparencia y reducir la corrupción en la gestión pública mediante el uso de tecnologías de la información.
El dictamen modifica los artículos 25 y 73 de la Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley Nacional de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios. Esta ley establecerá los principios y obligaciones en simplificación administrativa, el uso de plataformas digitales para mejorar la atención ciudadana y la inversión en infraestructura tecnológica para garantizar la inclusión y transparencia.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, afirmó que la reforma representa un avance en la modernización del Estado y permitirá que trámites como la expedición de actas de nacimiento o pasaportes sean más accesibles y menos propensos a la corrupción. «Este cambio estructural pone fin a una burocracia obsoleta y promueve un gobierno digital eficiente», declaró.
Por su parte, el PRI respaldó la iniciativa, pero advirtió sobre posibles riesgos en su implementación. El senador Rolando Zapata Bello señaló la necesidad de establecer auditorías independientes y fortalecer la protección de datos personales. “La digitalización sin estrategia es solo la modernización de añejas prácticas burocráticas”, expresó.
El legislador priista también destacó que la modernización administrativa debe incluir a los gobiernos estatales y municipales para garantizar un sistema homogéneo en todo el país, además de incorporar estándares internacionales en ciberseguridad.
La reforma establece que, en un plazo de 90 días naturales, el Congreso deberá expedir la Ley Nacional de Simplificación Administrativa y Digitalización. Entre sus disposiciones, se contempla la creación de una autoridad encargada de supervisar la modernización administrativa y la implementación de reglas claras para la protección de datos.
Debido a que se trata de una reforma constitucional, la iniciativa deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales antes de su promulgación. La administración de Sheinbaum considera que esta reforma eliminará procesos burocráticos innecesarios y combatirá la corrupción en trámites públicos, mientras que la oposición insiste en la necesidad de mecanismos de control para evitar concentración de datos y discrecionalidad en su aplicación.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.