El Pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra un dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, orientado a salvaguardar los derechos de autor frente a la piratería y tipificar el uso fraudulento de la identidad gráfica institucional de dependencias públicas.
La modificación aprobada incorpora el artículo 403 Bis al Código Penal Federal, el cual establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice, reproduzca o imite la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos oficiales con el propósito explícito de inducir al error para cometer actos ilícitos a escala comercial.
Durante la sesión ordinaria, los presidentes de las comisiones dictaminadoras de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, Javier Corral Jurado y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, enfatizaron que el marco regulatorio no sanciona la crítica, la parodia ni la sátira política, al precisar que el tipo penal exige acreditar la intención doloza de cometer un fraude mediante la suplantación de instituciones gubernamentales.
Por su parte, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) manifestaron su rechazo al dictamen argumentando que la ambigüedad en la redacción de la norma penal podría derivar en interpretaciones discrecionales que vulneren la libertad de expresión de periodistas, caricaturistas y creadores de contenido digital.
Debate por libertades y regulación digital
En la confrontación parlamentaria, senadores del bloque oficialista señalaron que la actualización normativa responde a compromisos internacionales y busca combatir esquemas de fraude cibernético, citando como antecedente el uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial para imitar a funcionarios y promover inversiones apócrifas a nombre de empresas del Estado.
En contraposición, la bancada de la oposición sostuvo que el articulado penal genera un marco de incertidumbre jurídica que amenaza el libre ejercicio del debate público. Pese a los señalamientos sobre posibles afectaciones a la difusión de contenidos satíricos en plataformas digitales, la mayoría calificada del bloque mayoritario mantuvo la redacción técnica del texto.
El proyecto de decreto fue avalado en lo general y en lo particular tras incorporarse una reserva propuesta por Morena para precisar el elemento de dolo en los delitos vinculados a la propiedad industrial. Concluida su votación en la Cámara Alta, la Mesa Directiva remitió la minuta a la Cámara de Diputados para su revisión y dictaminación correspondiente.
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