El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y tres ministros más se abstengan de participar en la resolución de la controversia sobre las suspensiones contra la elección judicial, debido a sus pronunciamientos públicos en contra de la reforma.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, explicó que la petición de excusa se dirige a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez, además de Norma Piña. “Se les está solicitando que se excusen de resolver este asunto los ministros que ya se pronunciaron fuera del orden, porque han manifestado abiertamente su postura en contra de la elección”, indicó.
Durante una conferencia, se cuestionó por qué no se pedía la misma medida para las ministras que han expresado su apoyo a la reforma. En respuesta, el bloque mayoritario del TEPJF argumentó que la imparcialidad se rompió únicamente con las declaraciones en contra, ya que, según señalaron, uno de los ministros incluso “se autoproclamó activista”.
Mónica Soto también criticó el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el cual fue revelado recientemente por Milenio y en el que lanza cuestionamientos al bloque mayoritario de la Sala Superior del TEPJF. “Habla de tragedias, me parece que sería una gran tragedia, ahí sí, si éste fuera el proyecto, porque parece que se escribe con letras de lágrimas y de mucho dolor, no guarda el estilo del alto tribunal”, comentó.
La reforma en cuestión ha generado un amplio debate dentro del Poder Judicial, pues establece modificaciones en el proceso de elección de jueces y magistrados. Mientras algunos ministros han expresado su rechazo, argumentando riesgos para la independencia judicial, otros han defendido la iniciativa como un paso hacia una mayor democratización del sistema.
El pronunciamiento del TEPJF se suma a la tensión entre el Poder Judicial y los órganos electorales, en un contexto donde la reforma sigue en disputa. La resolución de esta controversia podría marcar un precedente en la relación entre ambas instituciones y en la aplicación de las reformas impulsadas en el actual sexenio.
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