El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunció la ruptura definitiva de negociaciones con el Gobierno Federal y la bancada de Morena para consensuar la convocatoria de renovación de la presidencia y consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE). El coordinador de la fracción priista, Rubén Moreira Valdez, adelantó que su bancada votará en contra de cualquier acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
La postura de la bancada de oposición responde a denuncias sobre una presunta injerencia partidista en la estructura del órgano electoral y el manejo de los recursos institucionales. De acuerdo con el legislador priista, participar en la votación parlamentaria implicaría validar un procedimiento que, sostiene, adolece de certeza jurídica e independencia en la conducción del sistema electoral mexicano.
Para reinstalar cualquier mesa de concertación política, la coordinación parlamentaria fijó como exigencia central la instrumentación de una auditoría total al INE —que abarque los rubros financiero, procedimental y de sistemas informáticos—, así como la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), precepto que regula las atribuciones de la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva del organismo.
Exigencias estructurales y fiscales
Adicionalmente, el PRI condicionó eventuales acuerdos a la remoción de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación y de los funcionarios o consejeros electorales con vínculos partidistas directos. La exigencia busca garantizar imparcialidad de cara a los próximos procesos electivos, tras señalar deficiencias en el ejercicio presupuestario y operativo de las estructuras centrales del instituto y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
En el plano financiero y en el marco del análisis del paquete económico, la bancada opositora enfatizó que el balance del Presupuesto de Egresos de la Federación se encuentra presionado por los compromisos del servicio de la deuda pública, los cuales absorben 1.5 billones de pesos. Según la postura del grupo parlamentario, esta carga fiscal, sumada a la solicitud de endeudamiento neto adicional por 1.6 billones de pesos, restringió los márgenes operacionales del gasto programable.
Finalmente, la representación priista criticó los ajustes presupuestales en ramos estratégicos como seguridad pública, el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, la infraestructura carretera y el sector agropecuario. El grupo parlamentario sostuvo que defenderá en el pleno las reservas al dictamen presupuestario, argumentando que las propuestas de modificación presentadas por los bloques opositores responden a reasignaciones técnicas viables frente a los recortes sectoriales.
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