La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones contra dos jueces que emitieron suspensiones para frenar la implementación de la reforma judicial. La indagatoria se inició luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordara dar vista al Ministerio Público por las resoluciones que detuvieron el proceso electoral judicial.
Los jueces bajo investigación son Sergio Santamaría Chamú, del Primer Distrito en Michoacán, y María Gabriela Ruíz Márquez, del Sexto Distrito en Materia Administrativa en Jalisco. Ambos informaron en conferencia de prensa que fueron notificados por la FGR sobre la apertura de carpetas de investigación en su contra por presuntos delitos contra la administración de justicia.
“El día de ayer tuve conocimiento de que se materializó la denuncia presentada por el TEPJF”, declaró Santamaría Chamú. Agregó que recibió un oficio de la FGR en el que se le solicitaban copias certificadas del juicio de amparo y sus incidentes, lo que confirmó la existencia de la carpeta de investigación.
Santamaría Chamú emitió el pasado 7 de enero una resolución que ordenaba a los Comités de Evaluación detener el proceso de selección de jueces. Aunque solo el Comité Judicial acató la orden, el TEPJF revocó la suspensión y ordenó la reanudación del proceso electoral.
Por su parte, la jueza Ruíz Márquez confirmó que también fue notificada por la FGR y expresó preocupación por lo que considera un intento de intimidación. “Sé que seré imputada por un delito contra la administración de justicia, pero no sé bajo qué criterios se pretende encuadrar”, afirmó. También mencionó que el Consejo de la Judicatura Federal inició un procedimiento disciplinario en su contra.
La magistrada Julia María del Carmen González calificó las investigaciones como un “mensaje intimidatorio” hacia los jueces del país. Según ella, estos procesos buscan influir en la independencia del Poder Judicial y ejercer control político sobre sus decisiones.
Ante la situación, el abogado Zamir Fajardo Morales presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en representación de 17 jueces. Argumentó que las acciones de la FGR vulneran la independencia judicial y atentan contra el ejercicio autónomo de la impartición de justicia.
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