La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, propuso que el pleno del máximo tribunal sea el encargado de evaluar a los aspirantes inscritos para ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), tras la desintegración del Comité de Evaluación. Esta solicitud fue planteada mediante un oficio dirigido a la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
Ríos Farjat argumentó que la Corte debe asumir estas funciones para garantizar la equidad en el proceso de selección, luego de que el Senado de la República decidiera realizar una insaculación, también conocida como tómbola, para elegir a los candidatos. Según la ministra, este mecanismo podría comprometer la legitimidad del proceso, vulnerar derechos de los aspirantes y generar incertidumbre en torno a la reforma judicial.
La propuesta surge tras la renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación, ocurrida este lunes, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizara al Senado asumir las funciones del comité. Esta situación se suma a una suspensión definitiva emitida por un juez federal, que ordenó al comité detener sus actividades desde el pasado 7 de enero.
Ríos Farjat señaló que la SCJN, como órgano encargado de la postulación de jueces, magistrados y ministros, puede dar continuidad al proceso sin contravenir la suspensión judicial. Además, destacó que la reforma judicial enfrenta desafíos constitucionales por su implementación acelerada y la falta de certidumbre en sus procedimientos.
En su oficio, la ministra también propuso que la Escuela Federal de Formación Judicial realice de manera inmediata los exámenes de conocimientos para los aspirantes. El objetivo es que se entreguen las listas de candidaturas idóneas antes del 7 de febrero, permitiendo avanzar en el proceso de selección con mayor certeza jurídica.
La ministra alertó sobre el impacto de la insaculación en la percepción de transparencia y legitimidad en el sistema judicial, subrayando la importancia de preservar los derechos de los aspirantes. Su propuesta busca fortalecer la estabilidad del PJF en medio de los retos generados por la reforma judicial.
El próximo paso dependerá de la decisión del pleno de la SCJN y la posible respuesta del Senado, en un contexto donde se enfrentan tensiones entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo sobre la implementación de los cambios al sistema judicial.
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