La reforma de supremacía constitucional, que canceló la posibilidad de impugnar cambios a la Constitución, sigue generando tensiones en el país. A pesar de las suspensiones emitidas por varios juzgados federales, las autoridades continúan sin acatar las medidas cautelares dictadas desde noviembre de 2024.
Una de las suspensiones más recientes fue emitida por la jueza Katia Orozco Alfaro, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Michoacán. Esta medida se suma a las que ya habían dictado el Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato y el Tribunal Colegiado de Yucatán antes de que terminara el año. Las resoluciones protegen a los titulares de órganos jurisdiccionales en esos estados, quienes se oponen a la reforma judicial. A pesar de las suspensiones, los comicios para elegir jueces y magistrados siguen adelante, lo que representa un desacato a las órdenes judiciales.
La reforma de supremacía constitucional, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, establece que son improcedentes las Controversias Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad y los Juicios de Amparo contra las reformas constitucionales. Esto ha sido criticado por considerarse violatorio de la propia Constitución y de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos que México ha suscrito.
Esta modificación fue aprobada por la mayoría del partido Morena en el Congreso y las legislaturas de 23 entidades federativas. Su objetivo es invalidar los Juicios de Amparo presentados en contra de la reforma judicial, que entró en vigor el 16 de septiembre de 2024. La reforma judicial plantea que los jueces y magistrados del país sean electos por la ciudadanía, lo que ha generado una fuerte oposición dentro del Poder Judicial.
A pesar de las medidas cautelares, la selección de candidatos para los próximos comicios de jueces y magistrados, programados para el 1 de junio de 2025, continúa su curso. Los recursos interpuestos en contra de la reforma de supremacía constitucional buscan detener estos procedimientos, ya que el incumplimiento de las suspensiones judiciales crea un escenario de crisis constitucional, donde los fallos de los juzgadores no son respetados por las autoridades.
La crisis constitucional que atraviesa el país pone en evidencia la precariedad del Estado de Derecho, ya que las autoridades encargadas de la selección de candidatos para jueces no han acatado las suspensiones, con excepción del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este órgano suspendió temporalmente la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia en cumplimiento de las suspensiones dictadas por los Juzgados de Michoacán y Jalisco. Sin embargo, tras una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le ordenó reanudar sus labores, aunque el Comité ha alegado que hacerlo podría generar sanciones económicas.
El conflicto llega a su punto más alto con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en las próximas semanas se pronunciará sobre si las actividades del Comité de Evaluación del PJF deben continuar o no. El fallo de la Corte en este tema podría sentar un precedente en otros casos relacionados con la selección de jueces en los otros poderes del Estado, donde las suspensiones judiciales han sido ignoradas.
La resolución de la Suprema Corte podría definir el futuro de la reforma judicial y de la reforma de supremacía constitucional, temas que continúan generando tensiones dentro del sistema judicial mexicano. Las autoridades y la sociedad esperan que el máximo tribunal del país aclare cómo se debe actuar ante las disposiciones judiciales y cómo se puede garantizar el respeto al Estado de Derecho en el país.
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