Querétaro destacó en 2023 como el estado con el sistema de justicia penal más capacitado, según el Índice de Capacidad publicado por Hallazgos 2023. El estado obtuvo una puntuación de 947.49 de 1,000, liderando el ranking nacional. Lo siguen Coahuila, Nuevo León y el Estado de México, mientras que entidades como Yucatán, San Luis Potosí y Sonora registraron puntuaciones entre 700 y 750.
El Índice de Capacidad evalúa las condiciones de tres instituciones clave en cada estado: el órgano de coordinación, la fiscalía y el poder judicial. Para ello, se examinan aspectos como la coordinación, la planeación, el procesamiento de información, los recursos humanos y financieros, así como la infraestructura y los modelos de gestión. Este análisis se llevó a cabo en las 32 entidades federativas, con la excepción de ocho que no proporcionaron datos sobre su órgano de coordinación.
Querétaro sobresale por su modelo de gobernanza único en el país, impulsado por la creación en 2018 de la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conocida como «Comisión Cosmos». Esta comisión fue establecida con el apoyo unánime de los tres poderes locales, la Fiscalía General y otras instituciones clave. La implementación del modelo ha permitido a Querétaro coordinar esfuerzos entre las diferentes entidades del sistema judicial, lo que ha resultado en avances en la profesionalización del personal, la incorporación de tecnologías y la evaluación constante de su desempeño.
El modelo «Cosmos» se basa en una visión sistémica y evolutiva, lo que ha permitido realizar una planeación estratégica con programas operativos anuales. Este enfoque ha logrado consolidar la capacidad del sistema judicial del estado, garantizando un mejor acceso a la justicia y asegurando que las instituciones actúen de manera eficiente.
Por otro lado, la reforma judicial recientemente aprobada a nivel federal, que busca combatir la impunidad, ha enfocado su atención en el poder judicial, pero no aborda directamente los retos de los sistemas penales estatales. Aunque se pretende mejorar la justicia a nivel federal, los delitos del fuero común, que constituyen la mayoría, siguen siendo resueltos en los tribunales locales, donde persisten desafíos significativos.
El proceso de implementación de la reforma constitucional está en marcha en el ámbito federal, pero los estados deberán armonizar su marco constitucional y legal para adaptarse a los cambios antes del plazo establecido en marzo de 2025. En este contexto, los estados con sistemas de justicia penal más consolidados, como Querétaro, tienen mayores posibilidades de enfrentar los desafíos derivados de la reforma, mientras que los estados más rezagados podrían enfrentar mayores dificultades en su implementación.
En resumen, el sistema de justicia penal en México sigue enfrentando retos importantes, y aunque las reformas federales son relevantes, los avances en los sistemas locales, como el de Querétaro, son cruciales para garantizar el acceso efectivo a la justicia en todo el país.
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