El Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha emitido una fuerte crítica al Plan México, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, al considerar que favorece a una élite empresarial en detrimento de las clases trabajadoras y profundiza las desigualdades sociales y económicas en el país. La denuncia se presenta en la última edición del periódico El Insurgente, órgano oficial del grupo guerrillero, donde se afirma que el modelo económico del gobierno está diseñado para beneficiar a los grandes empresarios a costa de la mayoría de la población.
El artículo centra su crítica en la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), una de las iniciativas clave del Plan México. Este consejo, integrado por empresarios destacados como Eduardo Tricio Haro de Grupo Lala y Juan Domingo Beckmann de José Cuervo, es señalado por el EPR como una estrategia para consolidar los intereses de la oligarquía. A juicio del grupo, este organismo representa una alianza entre la política y el capital, lo que contribuye a la concentración de la riqueza en pocas manos.
El EPR argumenta que los proyectos que forman parte del Plan México, como los parques industriales y el Tren Maya, están orientados a favorecer el capital transnacional y monopolista, fortaleciendo el sistema capitalista en lugar de beneficiar a la población más vulnerable. Según el grupo guerrillero, estas iniciativas no abordan las necesidades sociales, sino que sirven para asegurar la perpetuación de un modelo económico que aumenta la dependencia de México respecto a grandes potencias, especialmente Estados Unidos.
Además, el EPR critica el impacto de las políticas económicas actuales, las cuales, según ellos, promueven el consumismo y la enajenación de las masas mediante programas sociales asistencialistas. En lugar de promover el bienestar colectivo, señalan que estas políticas contribuyen a la acumulación de riqueza en manos de un número reducido de individuos. El aumento de los multimillonarios mexicanos, que pasaron de 14 a 22 en 2024, es citado como un ejemplo de este fenómeno.
En este contexto, el EPR también señala a figuras empresariales cercanas al gobierno, como Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Grupo Minsa. El conglomerado de Gómez Sierra ha sido vinculado a prácticas de privatización de empresas paraestatales durante las décadas de 1980 y 1990, lo que el EPR interpreta como un claro ejemplo de cómo la política y el empresariado se benefician mutuamente, mientras las necesidades del pueblo son ignoradas.
El artículo de El Insurgente concluye que el Plan México, bajo la apariencia de ser una estrategia de desarrollo, en realidad responde a los intereses del capital, y no a las demandas sociales. En este sentido, el EPR hace un llamado a la organización popular y a la resistencia activa frente a un modelo económico que perpetúa la explotación y la desigualdad en el país.
El comunicado subraya la importancia de un cambio de rumbo en las políticas gubernamentales, señalando que solo a través de la resistencia organizada se podrá hacer frente a un modelo que, según el EPR, sigue beneficiando a una élite empresarial y subordinando a la mayoría de la población a un sistema de desigualdad estructural.
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