El senador Pablo Angulo Briceño (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Productos Orgánicos, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente desde 2006 e integrar mecanismos que faciliten la certificación oficial de las y los pequeños productores del sector agrícola.
El proyecto legislativo propone el reconocimiento legal de los Sistemas de Garantía Participativa como un instrumento válido y preferente de certificación institucional. Este esquema técnico busca reducir las barreras administrativas para las comunidades rurales, indígenas y campesinas que comercializan en demarcaciones locales.
De acuerdo con registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) correspondientes al cierre de 2025, México cuenta con más de 40 mil productoras y productores orgánicos que mantienen una superficie de cultivo superior a las 210 mil hectáreas.
Pese a la extensión territorial de esta actividad, que concentra su producción en entidades como Chiapas, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Oaxaca, el legislador argumentó que la legislación actual presenta un rezago cercano a las dos décadas frente a los estándares internacionales.
Ejes de la reforma regulatoria
Los datos expuestos en el Senado indican que actualmente operan en el territorio nacional más de un centenar de tianguis y mercados alternativos orgánicos. Sin embargo, un número reducido de estos circuitos de venta cuenta con reconocimiento oficial, lo que restringe la competitividad de los trabajadores del campo.
Para atender este déficit, la iniciativa redefine el concepto legal de producción orgánica alineándolo con los principios internacionales de salud, ecología, equidad y cuidado. Asimismo, el documento incorpora criterios estrictos de trazabilidad y exige resultados ambientales verificables en los procesos de cultivo.
Las modificaciones a las diversas disposiciones del ordenamiento buscan consolidar un modelo de desarrollo rural acorde con los objetivos de la Agenda 2030. La reestructuración legal establece como prioridades institucionales la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la apertura al financiamiento formal para las familias productoras.
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