Ismael Zambada García aceptó la imposición obligatoria de una condena de cadena perpetua ante la justicia de Estados Unidos, limitando su estrategia legal a solicitar el traslado a una instalación médica. La petición fue formalizada por su defensa ante el tribunal del distrito este en Brooklyn, previo a la audiencia de sentencia programada para el 20 de julio.
A través de una misiva dirigida al juez federal Brian M. Cogan, el abogado defensor Frank A. Pérez requirió que el acusado de 76 años sea recluido en un centro dependiente de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos (BOP). El documento judicial detalla que el procesado presenta condiciones de salud complejas y progresivas que exigen atención institucional focalizada.
El equipo legal especificó que el internamiento deberá realizarse en complejos debidamente equipados para tratamientos médicos, proponiendo instalaciones precisas como el FMC Butner, el FMC Rochester o el MCFP Springfield. El documento establece que esta reclusión quedará sujeta en su totalidad a la clasificación de seguridad y autoridad de designación de la BOP.
Defensa justifica petición médica
Para fundamentar la solicitud, el abogado Pérez expuso que Zambada García asumió una aceptación inequívoca de responsabilidad desde su llegada involuntaria a territorio estadounidense. El documento remitido a la corte subraya que el procesado fue secuestrado y entregado a las autoridades del país vecino por Joaquín Guzmán López.
El texto legal contrasta el desarrollo de este proceso judicial con el de Joaquín Guzmán Loera, destacando que la declaración de culpabilidad de Zambada García evitó un litigio prolongado e histórico. Esta decisión procesal redujo los costos financieros del sistema judicial y eliminó los riesgos de seguridad asociados a la comparecencia en el estrado de testigos y víctimas.
La defensa puntualizó que el acusado no prestó asistencia sustancial ni negoció un marco de cooperación institucional con el Departamento de Justicia. La misiva aclara al juez federal que el equipo legal no interpondrá ninguna moción futura orientada a obtener una reducción de la condena, limitando sus peticiones al ámbito de la salud penitenciaria.
El requerimiento judicial incluye antecedentes biográficos del procesado, documentando su ingreso al tráfico de estupefacientes a los 19 años de edad tras el fallecimiento de su padre. Estos elementos contextuales fueron presentados ante el juez Cogan, magistrado que ha presidido previamente los procesos judiciales de los principales actores vinculados a organizaciones criminales mexicanas.
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