Por mayoría de votos, el pleno del Senado aprobó la reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución, que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo, así como sus precursores químicos. La medida fue avalada con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. La bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra en lo general, mientras que el PRI y el PAN rechazaron la reforma en lo particular.
Durante la discusión, legisladores de la oposición argumentaron que la prohibición de los vapeadores podría favorecer al mercado negro. En la votación de los artículos reservados, el resultado fue de 86 votos a favor y 39 en contra, con objeciones principalmente de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, afirmó que esta reforma busca atender problemas de salud y seguridad derivados del consumo de vapeadores y fentanilo. Señaló que estos dispositivos son promovidos como seguros, pero contienen sustancias tóxicas que afectan gravemente a los consumidores, especialmente a adolescentes.
Por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó la coherencia de esta medida, argumentando que se está legislando de forma contradictoria con los principios liberales. Además, acusó que la inclusión del fentanilo en la Constitución es una respuesta a la presión de Estados Unidos y no una solución al problema de salud en México.
La senadora del PRI, Karla Toledo, expresó que prohibir en lugar de regular podría generar un mercado clandestino de vapeadores, estimando pérdidas de hasta 15 mil millones de pesos que podrían invertirse en educación y salud. En su intervención, pidió una regulación que permita educar a la población sobre los riesgos de consumo.
Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García advirtió que el prohibicionismo puede incrementar el control de los cárteles sobre estas sustancias. Señaló que regular, en lugar de prohibir, ayudaría a tratar el problema como una cuestión de salud pública.
El dictamen aprobado establece que la ley sancionará actividades relacionadas con la producción y venta de vapeadores, fentanilo y otros precursores químicos ilícitos. Se añade al artículo 4 que estas medidas garantizan el derecho a la protección de la salud, mientras que el artículo 5 prohíbe cualquier comercio relacionado con estas sustancias.
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