Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que generó un fuerte debate entre los legisladores.
Con 22 votos a favor por parte de senadores de Morena, PT y PVEM, y 10 en contra de representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen propone que se aplique prisión preventiva directa en casos de extorsión y emisión de comprobantes fiscales falsos. Sin embargo, el narcomenudeo y la defraudación fiscal fueron excluidos del listado.
Durante la sesión, los legisladores de Morena defendieron la reforma al considerarla una medida necesaria para combatir delitos que afectan directamente a la población y al sistema económico del país. Argumentaron que la extorsión es uno de los principales flagelos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, y que endurecer las sanciones enviará un mensaje contundente contra la impunidad.
Por su parte, la oposición expresó su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, calificándola como una herramienta que podría vulnerar derechos humanos y el principio de presunción de inocencia. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el enfoque podría dar pie a abusos de autoridad y afectará principalmente a personas con menos recursos para enfrentar procesos legales.
“Este es un retroceso para el sistema de justicia. La prisión preventiva debe ser una excepción, no la regla. Con esta reforma, seguimos alimentando un modelo que criminaliza la pobreza y debilita el estado de derecho”, afirmó Damián Zepeda, senador del PAN.
El dictamen, que fue previamente aprobado por la Cámara de Diputados, ahora pasará al Pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación. De recibir luz verde, la reforma significaría un cambio importante en el enfoque del sistema penal mexicano, que ha sido cuestionado por organismos internacionales por el uso generalizado de la prisión preventiva oficiosa.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han señalado que ampliarla podría generar una sobrepoblación carcelaria y no resolvería de fondo los problemas de seguridad. No obstante, el oficialismo sostiene que la medida responde a una demanda social de justicia inmediata en delitos graves.
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