Este miércoles, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República comenzaron a discutir la polémica iniciativa conocida como Ley Anti Amparo, que propone cambios significativos al sistema de amparo en México. El decreto, que busca modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución, plantea limitar los recursos legales ante reformas constitucionales, provocando un intenso debate entre los legisladores.
La propuesta establece que no procederán controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad que impugnen adiciones o modificaciones a la Constitución. Además, en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias solo beneficiarían a las partes solicitantes, eliminando su efecto general. En caso de ser aprobada, la Ley Anti Amparo entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, afectando también los asuntos en trámite que se resolverían bajo las nuevas disposiciones.
El senador Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), convocó a un bloque opositor en rechazo a la iniciativa, argumentando que la reforma socavaría los derechos ciudadanos y facilitaría el camino hacia un “régimen autoritario”. En conferencia de prensa, Moreno expresó su preocupación por las implicaciones de los cambios propuestos, que, según él, eliminarían el control constitucional y permitirían al gobierno actuar sin restricciones. “Es una locura de iniciativa”, afirmó, enfatizando que la reforma viola principios fundamentales del Estado de derecho.
En paralelo, el senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), celebró la decisión de retirar la modificación al artículo 1º constitucional, pero advirtió sobre los riesgos de los cambios a los artículos 105 y 107. Anaya describió la reforma como un posible “ataque a la democracia”, alertando sobre las consecuencias de que futuras reformas constitucionales no pudieran ser impugnadas. “Estamos legislando para el futuro”, aseguró, recordando cómo líderes autoritarios han llegado al poder en diversas naciones.
La senadora Claudia Anaya también manifestó su oposición, señalando que la ley sigue violando el Pacto de San José al restringir el acceso a los tribunales para la defensa de derechos humanos. Anaya advirtió que la reforma podría tener repercusiones internacionales, poniendo en riesgo tratados como el acuerdo comercial con la Unión Europea.
Por su parte, el líder del PAN, Marko Cortés, calificó la eliminación del amparo como un “ataque a la democracia”, acusando al gobierno de estar “engolosinado con el poder”. Cortés y Anaya coincidieron en que esta reforma representa un retroceso en el sistema democrático mexicano, advirtiendo que podría llevar al país hacia un modelo autoritario similar al de naciones como Cuba o Venezuela.
A medida que avanza el debate en el Senado, la oposición se muestra unida y decidida a frenar la Ley Anti Amparo, mientras que los senadores de Morena, junto con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, buscan aprobar la reforma de manera expedita. La discusión promete ser un punto clave en la confrontación entre el actual gobierno y sus opositores, que consideran que la integridad del Estado de derecho y los derechos ciudadanos están en juego.
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