El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), publicó un proyecto que daría luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con la organización de las elecciones de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. Este proceso es parte de la reforma judicial aprobada recientemente, que ha generado controversia en diversos sectores del país.
El proyecto de De la Mata se alinea con la postura de permitir que el INE asuma las responsabilidades electorales relacionadas con el Poder Judicial. Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de críticas y ha enfrentado diversas impugnaciones, lo que ha retrasado su implementación.
Paralelamente, una nueva impugnación contra la reforma judicial llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta vez, el recurso fue promovido por el Poder Judicial del estado de Guanajuato, que se suma a los seis recursos presentados anteriormente por otros actores. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, presentó una controversia constitucional para que la SCJN analice la reforma y sus posibles implicaciones.
La controversia constitucional fue asignada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ya tiene bajo su estudio todas las impugnaciones relacionadas con la reforma judicial. Entre los otros recursos presentados se encuentran acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como de legisladores de oposición en el Congreso de Zacatecas y un partido local de Coahuila.
Hasta el momento, se han presentado cinco acciones de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales, ambas provenientes de Guanajuato. La primera de estas controversias fue promovida por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mientras que la más reciente fue impulsada por el Poder Judicial local.
A pesar de las impugnaciones, las controversias constitucionales presentadas por Guanajuato solo tendrían efectos a nivel local, lo que significa que no afectarían de manera directa la aplicación de la reforma a nivel federal. Sin embargo, la creciente cantidad de recursos refleja la inconformidad que la reforma judicial ha generado en diversos sectores del país.
En total, ya suman siete los recursos que la SCJN deberá analizar para decidir si la reforma judicial, aprobada en el Congreso de la Unión, puede mantenerse o si existen fundamentos para su revocación parcial o total.
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