La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, ha decidido ampliar la demanda de amparo que presentó para impugnar el proceso de selección de jueces y magistrados, el cual considera irregular e ilegal. La decisión se basa en el argumento de que el sorteo realizado para elegir a los nuevos integrantes del poder judicial no se llevó a cabo conforme a las leyes y procedimientos establecidos.
Ballesteros explicó que la demanda fue inicialmente presentada en Querétaro, donde el juez Peña otorgó una suspensión provisional. La diputada argumentó que el proceso de sorteo carece de un marco legal que lo regule, ya que la legislación necesaria no fue aprobada antes de su realización. «No se cuidó ninguno de los detalles ni jurídicos ni también procedimentales para llevar a cabo el sorteo», subrayó.
La legisladora destacó que el procedimiento fue deficiente, al señalar que se presentaron fallas en la ejecución del sorteo, como la caída de las bolitas que se utilizaban para la selección, lo que generó dudas sobre la veracidad del proceso. Además, criticó que no se respetaron las reglas previamente establecidas que requerían la votación de listas por cada estado de la República, siendo en su lugar una lista nacional la que fue presentada.
Ballesteros también expresó su preocupación por la falta de garantía de paridad de género en el nuevo poder judicial, lo que, según ella, representa una amenaza para las mujeres que han trabajado arduamente para lograr espacios en esta área. «No tenemos hoy la garantía de que se respete esta paridad al final del proceso», advirtió.
En cuanto a la audiencia para la suspensión definitiva del amparo, la diputada confirmó que está programada para el 17 de octubre, y confía en que se otorgue. El amparo, de ser concedido, suspendería la armonización de la reforma judicial en los 32 estados del país y prohibiría el despido de jueces y magistrados locales.
La diputada hizo referencia a la estrategia jurídica que está siendo implementada por Movimiento Ciudadano en contra del proceso legislativo que ha llevado a cabo el gobierno federal en relación con la reforma judicial. Esto incluye una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos laborales de los trabajadores del poder judicial.
Finalmente, Ballesteros enfatizó que el diálogo entre el gobierno y la oposición es fundamental para abordar las necesidades y derechos de todos los ciudadanos, afirmando que en este proceso no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda. «México es pluralidad, es diversidad, y el futuro está en manos de las juventudes y de las mujeres», concluyó.
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