La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) expresaron su profunda preocupación tras el asesinato de seis migrantes en Chiapas durante un operativo militar. El incidente, que dejó además al menos diez personas heridas, ha generado críticas tanto a nivel internacional como en el ámbito religioso.
El operativo en cuestión fue dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual informó que soldados dispararon contra una camioneta que transportaba migrantes en la frontera entre Tapachula, México, y Tecún Umán, Guatemala. Según las autoridades, los transportistas ignoraron los llamados de los militares para detenerse, lo que llevó a que los soldados abrieran fuego. Cuatro personas murieron en el lugar, mientras que dos más fallecieron en el hospital debido a las heridas sufridas.
Ante estos hechos, las agencias de la ONU lamentaron la tragedia y recalcaron la vulnerabilidad de las personas migrantes durante su paso por México. En un comunicado conjunto, Acnur, OIM y ONU-DH señalaron: “Expresamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos en Chiapas, donde seis personas migrantes fueron privadas de la vida durante un operativo del Ejército y al menos otras diez resultaron heridas”. Las organizaciones subrayaron la necesidad de establecer vías legales y seguras para el acceso y tránsito de migrantes con el fin de evitar tragedias como la ocurrida.
Además de la reacción de las agencias internacionales, la Conferencia del Episcopado Mexicano también condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares. A través de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana, los obispos calificaron la tragedia como parte de un problema mayor derivado de la militarización de la política migratoria en la frontera sur. “Este no es un hecho aislado, sino consecuencia de una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, lo que ha sido una constante en los últimos años”, señalaron.
El Episcopado Mexicano exigió una investigación seria e imparcial sobre lo ocurrido y advirtió que, de no llevarse a cabo con la debida diligencia, se podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano en la violación de derechos humanos.
Este incidente pone nuevamente en el centro del debate la militarización de la política migratoria en México, donde miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, enfrentan múltiples riesgos durante su trayecto hacia Estados Unidos. Las organizaciones y la jerarquía católica insisten en que la única solución es garantizar vías legales y seguras para la migración, así como el respeto irrestricto de los derechos humanos de quienes transitan por el territorio mexicano.
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