Un reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria reveló que alrededor de 90 mil personas están encarceladas en México sin haber recibido una sentencia, muchas de ellas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Esta situación, calificada como «preocupante» por el organismo, refleja las deficiencias del sistema de justicia penal en el país, donde más del 50 % de los detenidos no han sido condenados formalmente.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras una visita al país en septiembre de 2023, destacó que algunos presos han pasado más de cinco años en prisión preventiva, una medida que, según el organismo, viola el derecho a la libertad. El Grupo de Trabajo advirtió que este fenómeno ha contribuido a un alarmante aumento en la población carcelaria de México, que actualmente ronda los 230 mil detenidos.
Otro de los aspectos que más preocupan a la ONU es la militarización de la seguridad pública. El informe señaló que cerca de 100 mil soldados han sido asignados a tareas policiales y de control migratorio, lo que ha derivado en un incremento de la violencia contra personas detenidas, así como en un aumento de desapariciones y homicidios. En este contexto, el reporte alertó sobre la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas armadas.
El enfoque «punitivo» hacia el uso personal y la venta minorista de drogas, especialmente desde 2006, fue otro de los puntos criticados. La ONU señaló que la criminalización del narcomenudeo ha llevado a un aumento en el encarcelamiento de consumidores, con casos de fabricación de pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, que plantan drogas en viviendas, vehículos o pertenencias personales para justificar arrestos.
A pesar de reconocer la implementación de la Ley de Amnistía en 2020, el Grupo de Trabajo subrayó que sus resultados han sido limitados, ya que solo 424 personas habían sido liberadas mediante este mecanismo hasta la fecha de su visita. Esto contrasta con las expectativas que el gobierno mexicano había generado con esta medida.
Además, el informe resaltó otras deficiencias en el sistema, como el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, la falta de acceso a asistencia legal adecuada y los ataques a la independencia judicial. También denunció las malas condiciones en los centros de detención, lo que agrava la crisis en el sistema penitenciario del país.
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