El pasado 16 de septiembre, entró en vigor la reforma judicial que marca un hito en la historia del Poder Judicial de México al abrir el proceso para la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces. Este novedoso esquema electoral representa un cambio profundo en la forma en que se designan a las máximas autoridades judiciales del país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un rol crucial en la organización de este proceso inédito, que arrancó con una sesión del Consejo General antes del 23 de septiembre. En esta etapa inicial, se prepararán las bases para la elección extraordinaria que tendrá lugar en 2025.
Antes del 16 de octubre, el Senado de la República publicará la convocatoria oficial para la integración del listado de candidaturas. Este documento establecerá los pasos, fechas y plazos definitivos, así como los cargos que serán objeto de elección popular, con base en la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal.
El Congreso de la Unión también tiene un papel relevante, ya que deberá ajustar las leyes secundarias antes del 16 de diciembre para garantizar la implementación de la reforma judicial y su compatibilidad con el nuevo proceso de elección.
El 1 de junio de 2025 será una fecha histórica, ya que se llevará a cabo la jornada electoral en la que los ciudadanos elegirán a nueve ministros de la SCJN, además de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces de distrito. Cada votante recibirá cinco boletas en las que anotará los nombres de sus candidatos preferidos.
Cualquier impugnación sobre los resultados será resuelta antes del 28 de agosto de 2025, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, el 1 de septiembre de ese mismo año, los ganadores tomarán protesta ante el Senado de la República, concluyendo el proceso con la asignación de los jueces y magistrados a sus respectivas posiciones judiciales.
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