El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció esta mañana la publicación de una reforma a la Constitución local que introduce una «perspectiva social» en el Poder Judicial. La reforma, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad, modifica el artículo 35 del Poder Judicial, añadiendo un párrafo que subraya la importancia de principios como la igualdad sustantiva, la justicia restaurativa y la justicia redistributiva.
En conferencia, Batres destacó que esta reforma se enmarca dentro de un contexto nacional en el que se debate una iniciativa similar, pero con un enfoque específico para la Ciudad de México. “Esta reforma no solo se enfoca en los principios de legalidad y honradez, sino que también busca garantizar una tutela efectiva de los derechos humanos, especialmente para aquellos en situaciones de pobreza, exclusión o marginación”, explicó el mandatario.
El nuevo párrafo del artículo 35 establece que la función jurisdiccional debe priorizar los principios de justicia social, abordando directamente las desigualdades reales en la sociedad. Según Batres, esta modificación proporcionará a los ciudadanos un instrumento adicional para defenderse en los procesos judiciales, al exigir que los jueces consideren estos principios al elaborar sus resoluciones.
Batres subrayó que la reforma tiene como objetivo humanizar el sistema judicial, asegurando que los jueces actúen con sensibilidad y empatía hacia los grupos sociales desfavorecidos. “Queremos que los juzgadores tengan una visión más humana y comprensiva, que no se limite a una igualdad formal ante la ley, sino que reconozca y aborde las desigualdades reales”, añadió.
El jefe de Gobierno también reconoció el apoyo del Congreso de la Ciudad de México, que aprobó la reforma por unanimidad. Batres destacó que esta aprobación refleja un consenso en torno a la importancia de actualizar y reforzar los principios bajo los cuales se administra la justicia en la capital del país.
La reforma, según el mandatario, marca un avance significativo en la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo, alineado con los principios de justicia social y derechos humanos. Con esta medida, la Ciudad de México se posiciona como una entidad que busca no solo cumplir con la igualdad formal, sino también abordar las desigualdades reales presentes en la sociedad.
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