Una determinación de Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ha generado una fractura interna en el Consejo General del organismo tras denuncias de presuntas violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). La controversia se centra en la entrega de incentivos o dádivas materiales con el fin de promover el voto, una práctica estrictamente regulada por la Constitución.
A pesar de que la funcionaria fundamenta estas acciones en el artículo 36 del Código local, que faculta al instituto para la promoción de la cultura cívica, especialistas en derecho electoral consultados advirtieron que tales funciones no eximen a la autoridad del cumplimiento del marco legal superior. Los analistas sostienen que el principio de legalidad impide que una institución utilice recursos públicos para condicionar la conducta ciudadana a través de bienes materiales.
Vulneración al voto libre
La crítica jurídica principal radica en la interpretación del artículo 7 de la LGIPE, el cual estipula que el sufragio debe ser universal, secreto y, primordialmente, libre. «No puedes violar la ley electoral bajo el pretexto de cumplir tus funciones», señalaron expertos, subrayando que la entrega de materiales a cambio de participación podría constituir una forma de coacción institucional que desvirtúa la naturaleza del ejercicio democrático.
Adicionalmente, el uso de recursos públicos para estos fines choca con los preceptos de la Carta Magna, que exige un manejo financiero institucional estrictamente informativo. La entrega de apoyos en especie, independientemente de la intención declarada, genera un precedente que podría comprometer la autoridad moral del IECM para sancionar prácticas similares por parte de partidos políticos o candidatos durante el proceso electoral.
Vínculos y aspiraciones políticas
La polémica adquiere un matiz estratégico debido a la trayectoria de Avendaño Durán, quien actualmente compite por una posición como Consejera Electoral del INE. Su perfil ha sido vinculado con figuras clave de la administración capitalina anterior, al ser exesposa de Néstor Vargas Solano, actual titular del Órgano de Administración Judicial y exconsejero jurídico durante la gestión de Claudia Sheinbaum.
Esta cercanía ha despertado dudas entre los actores políticos de oposición respecto a la objetividad de sus juicios futuros. La capacidad de la presidenta del IECM para actuar de forma independiente frente a posibles irregularidades de candidatos oficialistas o estructuras partidistas queda en entredicho, abriendo la puerta a posibles responsabilidades administrativas o, en su caso, implicaciones de carácter penal electoral.
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