El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una «pausa» en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en la Ciudad de México. Esta decisión surge tras las recientes críticas de ambos gobiernos a la polémica reforma judicial impulsada por el mandatario, la cual fue aprobada el día anterior por la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El presidente López Obrador subrayó que la medida es una respuesta a lo que considera una falta de respeto a la soberanía de México. “Tienen que aprender a respetar la soberanía de México”, enfatizó el mandatario durante su conferencia matutina. No obstante, aclaró que la «pausa» solo afecta a las embajadas y no al conjunto de las relaciones bilaterales con los gobiernos de Washington y Ottawa.
La tensión diplomática escaló tras las declaraciones del embajador estadounidense, Ken Salazar, quien calificó la reforma judicial, que propone la elección popular de jueces, como un “riesgo importante para el funcionamiento de la democracia en México”.
Esta declaración fue replicada por el diplomático canadiense, Graeme Clark, quien expresó preocupaciones similares y advirtió sobre los posibles riesgos para los inversionistas en México si se aprueba la reforma.
La propuesta de reforma judicial ha generado un amplio debate dentro y fuera de México. El plan del presidente López Obrador, que busca que todos los jueces federales, incluyendo a los miembros de la Suprema Corte, sean elegidos por votación popular, ha sido fuertemente criticado por la oposición y analistas que consideran que podría amenazar la independencia del Poder Judicial.
A pesar de la controversia, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen con 22 votos a favor, provenientes de Morena y sus aliados, y 17 en contra de la oposición. La reforma aún puede ser modificada en votaciones futuras, pero su núcleo, que aboga por elecciones judiciales, parece tener una alta probabilidad de mantenerse.
El rechazo a la reforma no solo proviene de voces internacionales, sino también de la oposición interna en México. Legisladores del PAN, PRI, PRD y MC han advertido sobre los riesgos de esta reforma para la división de poderes y la protección de los derechos humanos. Héctor Téllez, diputado del PAN, calificó la medida como una “transgresión” a la independencia judicial, mientras que Rubén Moreira, coordinador del PRI, enfatizó que la reforma «lesiona el pacto federal» y facilita la intromisión de poderes fácticos.
El oficialismo, por su parte, se muestra confiado en que la reforma será aprobada en septiembre, cuando se espera que Morena y sus aliados logren los dos tercios necesarios en el Congreso para modificar la Constitución. Mientras tanto, la «pausa» en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá añade una nueva dimensión a las ya tensas relaciones diplomáticas entre México y sus principales socios comerciales.
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