El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una iniciativa para garantizar el derecho a la Objeción de Conciencia al personal médico y de enfermería. Esta propuesta surge en respuesta a la reciente aprobación de un dictamen por Morena y aliados, que criminaliza a la comunidad médica y les impide excusarse de realizar procedimientos médicos que consideren contrarios a sus principios éticos, morales o religiosos.
El dictamen busca establecer responsabilidades, incluso penales, para aquellos profesionales de la salud que ejerzan su derecho a la Objeción de Conciencia y, con ello, retrasen o entorpezcan los servicios de salud.
Las sanciones se dirigirían al personal sanitario, no a las autoridades por sus posibles omisiones. Además, Morena propone un registro de objetores de conciencia, lo que podría resultar en discriminación y afectación profesional para estos trabajadores.
La Objeción de Conciencia, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un derecho del personal médico y de enfermería que permite a estos profesionales abstenerse de realizar actos médicos incompatibles con sus convicciones fundamentales.
En 2021, la Corte resolvió que la Ley General de Salud no proporcionaba lineamientos claros para ejercer este derecho sin poner en riesgo los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud. Por ello, exhortó al Congreso de la Unión a legislar sobre la materia.
El 31 de octubre de 2023, Morena y sus aliados aprobaron un dictamen que modifica la Ley General de Salud, restringiendo el derecho a la Objeción de Conciencia para los profesionales de la salud. Esta reforma impediría que la comunidad médica se excuse de realizar procedimientos contrarios a sus principios, violando su autonomía en el ejercicio de su profesión.
El PAN y otros grupos parlamentarios han criticado esta medida, argumentando que se pretende legislar sobre bioética sin reconocer el derecho de los profesionales de la salud a negarse a participar en ciertos procedimientos. Además, el dictamen busca criminalizar a aquellos que ejerzan su derecho a la Objeción de Conciencia, imponiendo sanciones civiles, administrativas e incluso penales.
Morena también pretende crear un registro de objetores de conciencia, lo que podría exponer a las y los profesionales de la salud a estigmatización, discriminación y afectaciones en su desarrollo profesional. Esta medida podría resultar en hostigamiento, amenazas y despidos injustificados.
El PAN presentó su iniciativa el 19 de enero para actualizar la Ley General de Salud conforme al exhorto de la SCJN y garantizar el derecho a la Objeción de Conciencia, respetando los derechos humanos. Sin embargo, el dictamen aprobado sólo consideró la propuesta de Morena, ignorando otras iniciativas y cargando la ley con una ideología específica.
Actualmente, la minuta de Morena está pendiente de discusión en el Senado debido a inconsistencias normativas. El PAN propone reiniciar el proceso legislativo con una nueva propuesta en la Cámara de Diputados y convocar nuevamente a espacios de Parlamento Abierto para una dictaminación inclusiva y plural.
La comunidad médica y de enfermería espera que se respete su derecho a la Objeción de Conciencia, garantizando su autonomía profesional y la libertad de ejercer la medicina conforme a sus convicciones personales.
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