Durante el pasado proceso federal electoral en México, la violencia política alcanzó niveles alarmantes, afectando a 595 candidatos que requirieron protección por parte de la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina. Entre ellos, 121 candidatos electos han solicitado mantener esta protección debido a los persistentes riesgos a su seguridad, informaron fuentes del gabinete de seguridad.
Emilio Manzanilla, recién electo diputado federal por el distrito 16 del Estado de México, es uno de los casos destacados. Durante su campaña enfrentó amenazas y violencia, y aunque logró sobrevivir a estos incidentes, asegura que su vida sigue en peligro.
«Mi compromiso con la comunidad y la democracia no ha terminado con la elección. Necesito seguir bajo protección para poder asumir mi cargo sin temor», declaró Manzanilla, reflejando la preocupación compartida por otros candidatos electos que enfrentan situaciones similares.
El gabinete de seguridad nacional ha recibido solicitudes de 121 candidatos para extender la protección al menos hasta que tomen posesión de sus cargos en septiembre próximo. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad física de los funcionarios electos y garantizar que puedan cumplir con sus responsabilidades sin poner en riesgo sus vidas.
La violencia electoral en México ha dejado un saldo preocupante de asesinatos, amenazas y actos violentos contra candidatos y líderes políticos. Este fenómeno ha sido denunciado por diversas organizaciones y observadores internacionales como un obstáculo significativo para la democracia y el ejercicio libre de la política en el país.
La situación ha generado un llamado urgente a fortalecer las medidas de protección y garantizar la seguridad de todos los actores políticos, especialmente en un contexto donde las elecciones continúan siendo blanco de violencia y presiones externas.
Ante este escenario, tanto autoridades nacionales como internacionales han instado a reforzar los mecanismos de seguridad y justicia para prevenir y castigar los actos de violencia política, asegurando así un ambiente seguro y democrático para todos los participantes en el proceso electoral.
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