Desde el año 2000 a la fecha, se han contabilizado 143 incidentes con armas de fuego en planteles educativos de México, según una base de datos hemerográfica desarrollada por el investigador Víctor Sánchez Sandoval, de la Universidad de Coahuila. El análisis advierte una tendencia al alza acelerada a partir de 2019, proyectando que 2026 podría convertirse en el año con mayor número de registros si se mantiene el ritmo actual, que ya suma 17 casos al corte de abril.
El estudio, que abarca todos los niveles educativos, documenta desde el ingreso de armas y amenazas hasta tiroteos con consecuencias fatales. Las cifras revelan que 31 de las 32 entidades del país han presentado al menos un evento, siendo Aguascalientes el único estado sin registros de este tipo. Las mayores concentraciones se localizan en Nuevo León (11 casos), Ciudad de México (10), Tamaulipas (10) y Puebla (10).
Evolución y letalidad del fenómeno
La cronología del investigador muestra que entre 2000 y 2011 los casos eran aislados; sin embargo, en 2025 se alcanzó un máximo histórico de 30 incidentes. De los 143 eventos totales, 23 derivaron en personas heridas o fallecidas, dejando un saldo de 13 víctimas mortales (entre estudiantes y docentes) y 30 heridos.
Entre los antecedentes más graves se encuentran el tiroteo en el Colegio Americano de Monterrey (2017) con dos muertes, el ataque en el Colegio Cervantes de Torreón (2020) con una docente fallecida, y el evento más reciente en 2026 en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde dos docentes perdieron la vida.
Concentración geográfica y acceso a las armas
A nivel municipal, Monterrey encabeza la lista con 6 casos, seguido por Puebla con 5, mientras que Tijuana y Ciudad Victoria registran 4 cada uno. El análisis destaca un cambio en la gravedad de los hechos, observándose el uso de armas de mayor capacidad y una recurrencia de estudiantes que ingresan armamento para mostrarlo a sus compañeros, lo que evidencia fallas en el control de acceso.
Sánchez Sandoval puntualizó que su base de datos excluye armas de juguete y amenazas exclusivas de redes sociales para centrarse en riesgos reales. Asimismo, subrayó que la falta de estadísticas oficiales consolidadas limita la comprensión integral del fenómeno, dejando la documentación en manos de esfuerzos académicos y registros periodísticos para dimensionar el impacto en la seguridad escolar nacional.
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