Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial y opositora política, ha presentado una iniciativa en el Senado de la República con la intención de enjuiciar al presidente Andrés Manuel López Obrador por “traición a la patria”, debido a su presunta intervención en el proceso electoral federal en favor de Morena y sus candidatos.
La iniciativa propuesta por Gálvez busca reformar el Código Penal Federal y la Ley General en materia de Delitos Electorales para establecer que la intervención de un presidente antes, durante o después de un proceso electoral federal, utilizando recursos públicos para incidir en el electorado o vulnerando los principios de equidad e imparcialidad electoral, sea considerada como traición a la patria y penalizada con prisión.
Gálvez argumentó que López Obrador habría intervenido en múltiples ocasiones durante el proceso electoral, a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas del INE y las investigaciones abiertas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque se determinó que el presidente cometió violencia política de género, según Gálvez, no se aplicaron las sanciones correspondientes.
“Desde febrero de 2021, la Constitución contempla que un presidente comete traición a la patria por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”, subrayó la excandidata.
Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, respaldó la iniciativa de Gálvez, calificándola como crucial para asegurar que ninguna persona, incluido el presidente, escape de cumplir con la ley. Rementería enfatizó que el presidente debe enfrentar consecuencias legales por violar la ley electoral, incluso a través del delito de traición a la patria, si así se determina.
La propuesta de Gálvez ha generado debate en el Senado, donde se discutirá su viabilidad y posible efecto sobre el sistema legal mexicano. El debate se centra en la interpretación de los actos del presidente durante el proceso electoral y la aplicación de sanciones proporcionales según la legislación vigente y las normativas electorales establecidas.
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