El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un contundente veredicto este miércoles, concluyendo que el Tren Maya, proyecto insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vulnera los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de la comunidad maya del sur de México. El Tribunal considera que esto constituye un crimen de ecocidio y etnocidio, y responsabiliza al Estado mexicano por estas violaciones.
El veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, destaca que el Tren Maya afecta los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a mantener sus ciclos vitales sin alteraciones humanas. También se señala la vulneración del derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
El Tren Maya, que tiene prevista su inauguración en diciembre, ha sido objeto de controversia desde su inicio debido a las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, una región rica en humedales, cenotes, ríos subterráneos y selvas, además de su valioso patrimonio cultural.
La obra abarca 1,554 kilómetros de vías para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Organizaciones ambientalistas han presentado amparos, pero el presidente López Obrador declaró la construcción del Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional e interés público, lo que bloqueó la información y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
El veredicto del Tribunal destaca diversas afectaciones del proyecto, entre ellas la contaminación de acuíferos, deforestación con hasta 10 millones de árboles talados, la extinción de flora y fauna, y la destrucción de cenotes.
En cuanto a los derechos de las comunidades originarias, el Tribunal denuncia la falta de consulta para atravesar sus territorios y la militarización de la región en el marco del proyecto.
El Tribunal exhorta al Gobierno mexicano a realizar una auditoría independiente, en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra, reparar y restaurar los ecosistemas afectados, y suspender la expropiación de tierras ejidales.
El veredicto será entregado a López Obrador y a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
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