El ministro Alberto Pérez Dayán admitió para trámite un primer bloque de protestas contra el llamado Plan B de reforma electoral presentado por la oposición, senadores, diputados y alcaldes.

Se trata de siete acciones de inconstitucionalidad admitidas por Pérez Dayán, quien suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limitarán el gasto en este sector a apenas el 0.1 por ciento de los presupuestos de las alcaldías del país, por lo cual ni en el estado de México ni en Coahuila, los dos estados que albergan elecciones este año, podrán aplicar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido más de 47 recursos de inconstitucionalidad y más de 31 de controversias constitucionales contra el Plan B de Reforma Electoral del presidente López Obrador.

Entre las acciones de inconstitucionalidad utilizadas para el análisis se encuentran las de Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Instituto Nacional Electoral (INE) y varias diputadas, diputados, senadoras y senadores del Congreso de la Unión,en las que consideran que las reformas debilitan y violan la autonomía del INE.

De igual forma, las controversias constitucionales tramitadas por el INE, el municipio de Durango; la mayoría de los municipios que promovieron controversias constitucionales son de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, y son gobernados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.