Pospone corte discusión sobre eliminación de prisión preventiva

Por: Redacción | 25 de agosto de 2022, 8:20 pm CST

Con la aprobación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los temas relativos a la constitucionalidad de la prisión preventiva informal serán analizados a partir del próximo lunes 5 de septiembre del presente año.

El anuncio lo hizo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, este jueves al inicio de la sesión pública del máximo tribunal del país.

“Se abre esta sesión pública del pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informo a la opinión pública que por acuerdo de este tribunal pleno los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre”, indicó.

En la sesión del 5 de septiembre los ministros analizarán el proyecto de ley penal del colega Luis María Aguilar Morales, por el cual se debe retirar la referida medida cautelar, como un acto contrario a los derechos humanos y por lo tanto los jueces penales los jueces penales estarían en libertad de establecer la prisión preventiva justificada sólo en determinados casos y cuando el ministerio público argumente con pruebas la necesidad de imponer dicha restricción.

De acuerdo con el ministro ponente, México ha vuelto a las circunstancias que imperaban en esta materia a finales del siglo pasado y principios del XXI, pues más del 40 por ciento de los presos a junio de este año no fueron sentenciados todavía, aunque el sistema de acusación tiene reglas claras para la duración de la investigación.

El tema se ha complicado aún más desde 2019, cuando se decidió ampliar la lista de delitos que justifican la detención obligatoria sin otras precauciones alternativas.

La posibilidad de abolir la prisión preventiva informal obligó al presidente López Obrador, a pedir a los ministros de la Corte que no la abolieran, debido a que las presiones se incrementarían hacia los impartidores de justicia.

“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, dijo el gobierno de México en un comunicado.