El PRI tiene más exgobernadores en prisión que gobiernos estatales

Por: Redacción | 21 de junio de 2022, 10:05 pm CST

En los últimos seis años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha perdido presencia en el territorio nacional, pasando de 15 a 2 gobiernos locales, al punto de tener más gobernadores tras las rejas que un órgano de gobierno.

Cinco exgobernadores priístas se encuentran actualmente en prisión, bajo investigación por presuntos delitos o que ya se declararon culpables de agraviar a los pueblos que juraron representar, proteger y exigir justicia.

En 2016, 15 de los 32 estados de México estaban bajo el dominio del tricolor, además de que la presidencia de la república estaba en manos de Enrique Peña Nieto, miembro del mismo partido. El PRI dominaba así el 48 por ciento del territorio junto al ejecutivo federal.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando López Obrador y su partido Morena llegaron al poder. Al inicio de los dos últimos años de Peña Nieto, el PRI estaba en los gobiernos locales de Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacateca; sin embargo, ahora solo mantienen Coahuila y el Estado de México.

Cabe señalar que el partido perdió en las elecciones de ese año en Hidalgo y Oaxaca, aunque ganó en Durango; sin embargo, Esteban Villegas aún no ha protestado como gobernador. Además, están en marcha las elecciones municipales de 2023 de los dos estados que albergan al PRI, por lo que se discute la titularidad de estas entidades, ante la probabilidad de que, de repetirse la tendencia de Morena, pierdan algunas entidades. .

Esto significa que el mapa político dentro del PRI debe medirse con el liderazgo que tenía en 2016 y el liderazgo que tiene ahora. Pues cuando el revolucionario institucional estaba presente en 15 entidades, su presidente era Manlio Fabio Beltrones y ahora, con solo dos estados, es Alejandro Moreno.

Hasta la fecha, Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, y Alfredo del Mazo, de Edoméx, son los únicos líderes locales del PRI que se mantendrán en el cargo tras las derrotas electorales de Hidalgo y Oaxaca.

  1. Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999. El exfuncionario fue investigado por sus vínculos con el cártel de Juárez, organización criminal liderada por Amado Carrillo Fuentes, señor de los cielos, hasta 1997, luego de lo cual tenía vínculos con Ramón Alcides Magaña, El Metro, uno de los principales actores de esta organización criminal. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció en su momento que Villanueva Madrid había recibido entre $400,000 y $500,000 para permitir que la unidad manejara cargamentos de droga libremente.
  2. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz de 2010 a 2016. El expriista se encuentra en el Reclusorio Norte de la CDMX y cumple una condena de nueve años que le impusieron tras declararse culpable en 2018 de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
  3. Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Houston. Además, los fiscales de Texas continuarán investigando su supuesta relación con el Cartel del Golfo y Los Zetas.
  4. Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit de 2011 a 2017, enfrenta cuatro causas penales. La primera se refiere a presuntos delitos electorales, es decir, el supuesto uso del Programa de Seguridad Alimentaria en 2017 para influir en la votación; otra por malversación de 83 millones de pesos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado; también existe jurisdicción federal sobre la supuesta realización de transacciones con fondos de procedencia ilícita; y finalmente se le acusa de ejercicio abusivo de su función.
  5. César Duarte Jáquez, expresidente de Chihuahua de 2010 a 2016, tiene veinte denuncias por peculado, corrupción, extorsión y malversación de recursos del Estado, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua debe dar seguimiento a las numerosas pistas que se le imputan al exgobernador.

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